Llegó sola y sola se quedó en su «bochorno» por el caso Bárcenas y por la noticia publicada ayer en EL MUNDO sobre los millonarios traspasos de naves por parte del constructor José Luis Sánchez Domínguez, antiguo donante del PP, a la «protegida» política del ex tesorero Álvaro Lapuerta, hoy diputada nacional, Carmen Rodríguez Flores.
«Yo vengo hoy absolutamente abochornada», enfatizó Esperanza Aguirre a los periodistas, a su entrada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, «por las informaciones que se están publicando sobre la corrupción en el PP». Así, con todas las letras: «corrupción en el PP», afirmó.
«Los políticos honrados estamos indignados», añadió la presidenta del partido en Madrid, que no contenta con ello, abogó por «poner freno a esta situación» y por sugerir que actúe el Comité de Derechos y Garantías regional. Un Comité que preside la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y que casualmente se reúne hoy mismo en la sede madrileña de Génova. «Creo que será el Comité de Derechos y Garantías el que posiblemente le dé la oportunidad de dar explicaciones», fueron sus palabras.
Unas palabras que rompieron con la ley del silencio impuesta con disciplina casi militar por el presidente del partido, Mariano Rajoy, y por la propia cúpula de Génova, pero que no tuvieron reflejo en el seno del Comité Ejecutivo. Puertas adentro, ni Aguirre pidió la palabra, ni Rajoy dio más turno que unos pocos segundos antes de levantar la sesión.
Fue sin embargo la propia diputada la que replicó a Aguirre a través de su abogado, Javier Iglesias Redondo, quien en declaraciones a Europa Press, arremetió contra la líder del PP de Madrid. Aseguró que ella también tiene que dar una explicación del «espionaje» que se realizó a su cliente y a Álvaro Lapuerta.
Y es que la matrícula del coche de la «protegida» de Lapuerta apareció en uno de los partes del presunto espionaje de la Comunidad de Madrid, dos veces archivado y dos, reabierto, hasta ahora. Un año antes de los hechos, en plena crisis interna del PP en 2008, Lapuerta había investigado al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González (Ver EL MUNDO 24-I-2009), lo que da idea de que la tensión viene de lejos. Fuentes del partido la sitúan en el tamayazo.
Además, el letrado retó ayer a Aguirre a hablar de «operaciones inmobiliarias» de personas muy cercanas a ella en la Comunidad de Madrid sobre las que no quiso dar detalles. Cuestión que mereció una nueva réplica de la propia Aguirre dirigida al letrado: «Por favor, le pido de rodillas que si tiene un indicio o sospecha de alguna operación opaca o irregular, la denuncie al juzgado o a los medios de comunicación, que también sirve».
El portavoz de Flores aseguró que lo pagado por las naves de Sando «no son 800.000 euros», pese a ser su valor de tasación, y que el dinero «no procede de ningún acto ilícito ni es una donación o un regalo». Sin embargo, no dio explicaciones sobre su origen, y se limitó a prometer que su cliente las dará, llegado el caso, ante el partido.